Esperanza Aguirre ha dado otra vuelta de tuerca en su propósito de acabar con la escuela pública en la Comunidad de Madrid. El pasado 9 de marzo el boletin oficial de la Comunidad publicaba una orden por la que se modifica el procedimiento para la admisión de alumnos en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Como todas las medidas anteriores destinadas a ir marginando a la escuela pública, ésta también tiene un carácter pretendidamente técnico y se apoya en ese "incuestionable derecho", manejado con gran habilidad por el Partido Popular, de la "libertad de elección" de centro por parte de los padres y tutores.
Para ampliar ese derecho, Aguirre ha modificado los criterios de admisión, rebajando, hasta su casi completa inutilidad, el criterio de proximidad geográfica y reemplazándolo por el de la existencia de hermanos en el centro. Esta condición pasa a valorarse con 8 puntos de un máximo total de 20,5. Y por si esto fuera poco, si el padre o la madre o algún familiar (¿sirven también amigos o conocidos?) fueron al colegio, se pueden añadir 1,5 puntos más.
Nada importa el hecho de que el 80 por 100 de la población madrileña lleva a sus hijos a colegios situados en su barrio o que todos los organismos internacionales, desde la OCDE al Consejo de Europa o la Unesco, confirman que es el mejor criterio para la elección de centro. Tampoco importa que los países con sistemas educativos eficientes utilizan ese criterio como el fundamental para agrupar a los alumnos en los centros.
Si la eficacia del criterio de proximidad geográfica está cientificamente validado, cabe preguntarse ¿por qué Esperanza Aguirre no lo tiene en cuenta? Descartemos el argumento de la ignorancia (todos sabemos que la Presidenta Aguirre es bastante ignorante pero no tanto) y, para entender sus razones, situémosnos, solo por un minuto, en el lugar de un director de cualquiera de los centros religiosos que conforman la inmensa mayoría de los centros concertados en Madrid.
El susodicho director, en cuya piel tratamos de ponernos, tiene como objetivo seleccionar a los alumnos que le llegan al centro. Lo hace por motivos ideológicos --pues su finalidad principal es formar a buenos católicos-- y lleva años haciéndolo: cuando entran con tres años cierra el cupo para evitar nuevas entradas no deseadas y, aunque no cobra la educación (porque no puede), sí que cobra otra serie de actividades que impiden que los sectores más desfavorecidos puedan entrar. Lo único que, en algunas ocasiones, le obliga a admitir a algún alumno no deseado son los puntos que anteriormente se conseguían por la proximidad geográfica. Problema resuelto. Y si el alumno que quiere que entre aún no tiene los puntos suficientes (situación poco probable con la nueva normativa) todavía le queda la opción de utilizar el punto de libre disposición del director para apoyar cualquiera de los criterios que le interese. Y así nos colocamos en 11,5 puntos sobre los 20,5 máximos.
La nueva normativa no tiene desperdicio. Madrid se convertirá en zona única el curso que viene, con lo que los puntos por proximidad geográfica solamente les valdrá a los que quieran entrar desde otra ciudad distinta de la capital.
Esta nueva normativa tiene una segunda componente, tan negativa como la anterior, que es la "competencia" que va a generar entre los centros públicos. Esa parcelación de la escuela pública ya la tenemos: los bilingües frente a los no bilingües, los institutos de "excelencia académica" frente a los que tienen un 80 por 100 de población emigrante.
Aguirre, en vez de defender el derecho a la una educación igual y de calidad para todos --que eso es lo que patrocina nuestra Carta Magna--, defiende la libertad de elección de centro por parte de los padres, es decir, que unos padres puedan elegir y otros (casualmente los menos favorecidos) tengan que conformarse con las migajas, que en Madrid significa recortes de profesorado, falta de medios, instalaciones deterioradas y, en definitiva, una educación de segunda clase por no decir de cuarta.
Muchas gracias.
Para ampliar ese derecho, Aguirre ha modificado los criterios de admisión, rebajando, hasta su casi completa inutilidad, el criterio de proximidad geográfica y reemplazándolo por el de la existencia de hermanos en el centro. Esta condición pasa a valorarse con 8 puntos de un máximo total de 20,5. Y por si esto fuera poco, si el padre o la madre o algún familiar (¿sirven también amigos o conocidos?) fueron al colegio, se pueden añadir 1,5 puntos más.
Nada importa el hecho de que el 80 por 100 de la población madrileña lleva a sus hijos a colegios situados en su barrio o que todos los organismos internacionales, desde la OCDE al Consejo de Europa o la Unesco, confirman que es el mejor criterio para la elección de centro. Tampoco importa que los países con sistemas educativos eficientes utilizan ese criterio como el fundamental para agrupar a los alumnos en los centros.
Si la eficacia del criterio de proximidad geográfica está cientificamente validado, cabe preguntarse ¿por qué Esperanza Aguirre no lo tiene en cuenta? Descartemos el argumento de la ignorancia (todos sabemos que la Presidenta Aguirre es bastante ignorante pero no tanto) y, para entender sus razones, situémosnos, solo por un minuto, en el lugar de un director de cualquiera de los centros religiosos que conforman la inmensa mayoría de los centros concertados en Madrid.
El susodicho director, en cuya piel tratamos de ponernos, tiene como objetivo seleccionar a los alumnos que le llegan al centro. Lo hace por motivos ideológicos --pues su finalidad principal es formar a buenos católicos-- y lleva años haciéndolo: cuando entran con tres años cierra el cupo para evitar nuevas entradas no deseadas y, aunque no cobra la educación (porque no puede), sí que cobra otra serie de actividades que impiden que los sectores más desfavorecidos puedan entrar. Lo único que, en algunas ocasiones, le obliga a admitir a algún alumno no deseado son los puntos que anteriormente se conseguían por la proximidad geográfica. Problema resuelto. Y si el alumno que quiere que entre aún no tiene los puntos suficientes (situación poco probable con la nueva normativa) todavía le queda la opción de utilizar el punto de libre disposición del director para apoyar cualquiera de los criterios que le interese. Y así nos colocamos en 11,5 puntos sobre los 20,5 máximos.
La nueva normativa no tiene desperdicio. Madrid se convertirá en zona única el curso que viene, con lo que los puntos por proximidad geográfica solamente les valdrá a los que quieran entrar desde otra ciudad distinta de la capital.
Esta nueva normativa tiene una segunda componente, tan negativa como la anterior, que es la "competencia" que va a generar entre los centros públicos. Esa parcelación de la escuela pública ya la tenemos: los bilingües frente a los no bilingües, los institutos de "excelencia académica" frente a los que tienen un 80 por 100 de población emigrante.
Aguirre, en vez de defender el derecho a la una educación igual y de calidad para todos --que eso es lo que patrocina nuestra Carta Magna--, defiende la libertad de elección de centro por parte de los padres, es decir, que unos padres puedan elegir y otros (casualmente los menos favorecidos) tengan que conformarse con las migajas, que en Madrid significa recortes de profesorado, falta de medios, instalaciones deterioradas y, en definitiva, una educación de segunda clase por no decir de cuarta.
Muchas gracias.
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