Llevamos unas semanas en las que la religión y sus máximos valedores --la jerarquía católica-- vienen marcando la agenda política. La introducción de la religión como asignatura evaluable y valorada en las mismas condiciones que las matemáticas o la lengua española, la reforma de la ley del aborto para endurecer las condiciones en que la mujer pueda expresar su opinión sobre la conveniencia o no de suspender su embarazo, están en la primera línea de la controversia política.
Nuestros políticos y los ciudadanos, en cuanto nos toca de manera directa, nos vemos obligados una vez más a lidiar con lo que la Santa Madre Iglesia considera esencial para nuestro bien. Nada importa que las estadísticas confirmen que más del 70 por 100 de la población rechaza que la religión sea una asignatura evaluable o que haya que modificar una ley del aborto que coincide en lo esencial con la mayoría de las leyes del mismo tipo vigentes en los países europeos de nuestro entorno.
Otra vez la Iglesia. La misma que se enfrentó a la Constitución de Cádiz y nos trajo al indeseado Fernando VII, la misma que luchó con todas sus fuerzas contra la II Republica, la misma que apoyó y llevó bajo palio al dictador Franco. Aquí la tenemos otra vez, con los mismos planteamientos y con la misma capacidad de presión. ¿Qué hemos hecho los españoles para merecer esto?, nos podemos preguntar. La respuesta es sencilla. Dejar pasar siglos sin ponerla en su sitio.
Tenemos vigente un Concordato con la Santa Sede de 1979 que obliga a tener religión en la escuela, a que la iglesia no pague impuestos por sus propiedades y a que el Estado subvencione sus actividades. Y ese concordato, firmado bajo gobierno de UCD, ha sido respetado (y a veces mejorado, como ocurrió durante el gobierno de Rodríguez Zapatero) por todos los gobiernos de la democracia, incluidos los veintidós años de gobiernos del PSOE.
Siendo sinceros, no podemos echar la culpa a los gobiernos, pues fuimos los ciudadanos los que les votamos, una y otra vez, en el caso del PSOE. Es imprescindible acabar con esta situación, si queremos avanzar en nuestros derechos democráticos, y para ello es necesario que los ciudadanos nos comprometamos a no votar a ningún partido que en las próximas elecciones no lleve en su programa la denuncia del concordato con la Santa Sede.
Esa debe ser nuestra consigna: político, si quieres que te votemos, comprométete a denunciar el Concordato. No caben términos medios. La religión a su rincón, la conciencia de cada ciudadano.
Muchas gracias.
Nuestros políticos y los ciudadanos, en cuanto nos toca de manera directa, nos vemos obligados una vez más a lidiar con lo que la Santa Madre Iglesia considera esencial para nuestro bien. Nada importa que las estadísticas confirmen que más del 70 por 100 de la población rechaza que la religión sea una asignatura evaluable o que haya que modificar una ley del aborto que coincide en lo esencial con la mayoría de las leyes del mismo tipo vigentes en los países europeos de nuestro entorno.
Otra vez la Iglesia. La misma que se enfrentó a la Constitución de Cádiz y nos trajo al indeseado Fernando VII, la misma que luchó con todas sus fuerzas contra la II Republica, la misma que apoyó y llevó bajo palio al dictador Franco. Aquí la tenemos otra vez, con los mismos planteamientos y con la misma capacidad de presión. ¿Qué hemos hecho los españoles para merecer esto?, nos podemos preguntar. La respuesta es sencilla. Dejar pasar siglos sin ponerla en su sitio.
Tenemos vigente un Concordato con la Santa Sede de 1979 que obliga a tener religión en la escuela, a que la iglesia no pague impuestos por sus propiedades y a que el Estado subvencione sus actividades. Y ese concordato, firmado bajo gobierno de UCD, ha sido respetado (y a veces mejorado, como ocurrió durante el gobierno de Rodríguez Zapatero) por todos los gobiernos de la democracia, incluidos los veintidós años de gobiernos del PSOE.
Siendo sinceros, no podemos echar la culpa a los gobiernos, pues fuimos los ciudadanos los que les votamos, una y otra vez, en el caso del PSOE. Es imprescindible acabar con esta situación, si queremos avanzar en nuestros derechos democráticos, y para ello es necesario que los ciudadanos nos comprometamos a no votar a ningún partido que en las próximas elecciones no lleve en su programa la denuncia del concordato con la Santa Sede.
Esa debe ser nuestra consigna: político, si quieres que te votemos, comprométete a denunciar el Concordato. No caben términos medios. La religión a su rincón, la conciencia de cada ciudadano.
Muchas gracias.
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