Al ministro Montoro parece que se le fue la boca el otro día en una entrevista en la SER, y aseguró que los políticos que gestionen mal los dineros públicos, que gasten más de lo que tienen o despilfarren, serán castigados penalmente. El tema ha levantado bastante controversia, con opiniones muy dispares dentro de cada partido, aunque a mí la que más me ha gustado es la de un dirigente socialista que le preguntaba si pensaba meter en la cárcel a una buena parte de los dirigentes de su partido.
Bromas aparte, la polémica suscitada merece cierta reflexión, pues lo que está pasando en este terreno es una manifestación de la sociedad en que vivimos, de la debilidad de nuestra democracia y de la impunidad con la que actúan los políticos y los gestores de dinero público en este país.
Un dirigente político, pongamos por ejemplo a Camps, puede dejar arruinada a la comunidad autónoma en la que gobernaba. con una deuda imposible de pagar en un próximo futuro y que, en cualquier caso, la pagarán los ciudadanos, sin que le afecte en absoluto a su patrimonio ni a su futuro político. No solo eso (y lo que es peor), vuelve a ganar las elecciones y le vemos ahora en el banquillo de los acusados no por mal gestor sino porque cometió la torpeza de aceptar unos trajes a cambio de favores.
Uno podría pensar: bueno, pero el dinero que gastó de más lo empleó en aumentar el número de profesores o de médicos, en mejorar la sanidad y la educación (estaría mal desde el punto de vista de la gestión económica, pero uno lo podría entender e incluso apoyar). Pero no; se gastó el dinero de los ciudadanos en lujos superfluos, en aeropuertos que no han funcionado, en subirse en un Ferrari con Rita Barberá y en darle cientos de miles de euros a Urdangarín. ¿Es esto normal?
Pongamos otro ejemplo: los directivos de la Caja del Mediterráneo, muy ligados --como todos sabemos-- al poder político en la Comunidad Valenciana. Llevan la Caja a la ruina y se marchan con despidos millonarios. ¿Es esto lógico?
Eso sí, el pobre que contrató una hipoteca y que, por desgracia, se ha quedado en el paro, tiene que pagarla con su "patrimonio" y el de su familia, y encima se queda sin casa. Aquí sí hay responsabilidad penal, según la legislación española.
Algo habrá que hacer para que los chorizos (y ser chorizo no es sólo llevártelo crudo, también es despilfarrar a sabiendas o regalarle el dinero a otro chorizo) no se vayan de rositas y nos dejen las deudas a los ciudadanos. Responsabilidad penal, pues sí, ¿por qué no? Hay que convertir en delito el despilfarro, la mala gestión y el uso fraudulento del dinero público. Para ello hay que mejorar los controles administrativos y definir legalmente esos malos hábitos, convirtiéndolos en delitos administrativos.
Muchas gracias.
Bromas aparte, la polémica suscitada merece cierta reflexión, pues lo que está pasando en este terreno es una manifestación de la sociedad en que vivimos, de la debilidad de nuestra democracia y de la impunidad con la que actúan los políticos y los gestores de dinero público en este país.
Un dirigente político, pongamos por ejemplo a Camps, puede dejar arruinada a la comunidad autónoma en la que gobernaba. con una deuda imposible de pagar en un próximo futuro y que, en cualquier caso, la pagarán los ciudadanos, sin que le afecte en absoluto a su patrimonio ni a su futuro político. No solo eso (y lo que es peor), vuelve a ganar las elecciones y le vemos ahora en el banquillo de los acusados no por mal gestor sino porque cometió la torpeza de aceptar unos trajes a cambio de favores.
Uno podría pensar: bueno, pero el dinero que gastó de más lo empleó en aumentar el número de profesores o de médicos, en mejorar la sanidad y la educación (estaría mal desde el punto de vista de la gestión económica, pero uno lo podría entender e incluso apoyar). Pero no; se gastó el dinero de los ciudadanos en lujos superfluos, en aeropuertos que no han funcionado, en subirse en un Ferrari con Rita Barberá y en darle cientos de miles de euros a Urdangarín. ¿Es esto normal?
Pongamos otro ejemplo: los directivos de la Caja del Mediterráneo, muy ligados --como todos sabemos-- al poder político en la Comunidad Valenciana. Llevan la Caja a la ruina y se marchan con despidos millonarios. ¿Es esto lógico?
Eso sí, el pobre que contrató una hipoteca y que, por desgracia, se ha quedado en el paro, tiene que pagarla con su "patrimonio" y el de su familia, y encima se queda sin casa. Aquí sí hay responsabilidad penal, según la legislación española.
Algo habrá que hacer para que los chorizos (y ser chorizo no es sólo llevártelo crudo, también es despilfarrar a sabiendas o regalarle el dinero a otro chorizo) no se vayan de rositas y nos dejen las deudas a los ciudadanos. Responsabilidad penal, pues sí, ¿por qué no? Hay que convertir en delito el despilfarro, la mala gestión y el uso fraudulento del dinero público. Para ello hay que mejorar los controles administrativos y definir legalmente esos malos hábitos, convirtiéndolos en delitos administrativos.
Muchas gracias.
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