A pesar de la crisis que padecemos, a pesar de que más del cincuenta por ciento de los jóvenes están parados, la educación sigue siendo una palanca de ascenso social, una manera de procurarse una vida mejor. Hay datos suficientes que demuestran que las personas con estudios universitarios, por ejemplo, padecen menos el paro y tienen salarios más elevados que las que carecen de estudios o los tienen de bajo nivel. Esta es una verdad admitida por la sociedad y explica el interés de las familias por darles a sus hijos la mejor educación posible.
También se acepta de forma generalizada que la educación produce beneficios no solo a las personas que la reciben sino a la sociedad en su conjunto. El capital humano, su nivel de formación, es uno de los elementos claves para el desarrollo económico de un país. ¿Lo es también para favorecer la democracia y mejorar los gobiernos? Aquí aparecen muchas dudas. Eslovaquia y Catar, por ejemplo, tienen un nivel similar de resultados educativos y dos regímenes políticos muy diferentes. Un interesante estudio aborda esta cuestión.
Se ha publicado en el "Journal of Law and Economics" un informe, "Educación, denuncias y exigencia de responsabilidades", que sugiere un mecanismo que relaciona la educación con la mejora de la gobernanza: el poder de las denuncias. Los autores Juan Botero y Alejandro Ponce de "World Justice Project" y Andrei Shleifer de la Universidad de Harvard concluyen que "los ciudadanos educados denuncian más" y las denuncias consiguen resultados.
En resumen, esta es la teoría:
Una de las razones por las que los gobiernos mejoran es que los ciudadanos denuncian a los funcionarios que les tratan mal: a los policías que los golpean, a los funcionarios que exigen comisiones, a los profesores que no hacen su trabajo... Un funcionario que quiera saltarse las reglas se arriesga a ser expedientado. Cuanto más aumentan las denuncias de los ciudadanos, más crece el riesgo de una investigación o de un expediente disciplinario. En la medida en que los niveles de educación aumentan y, en paralelo, las denuncias sobre los funcionarios corruptos, crece el coste a pagar por las conductas inapropiadas, lo que produce una mejora de éstas, disminuyendo las corruptelas, evitando los abusos y mejorando el trabajo.
Según los autores del informe, "las denuncias mejoran las conductas de los oficiales públicos temerosos de ser castigados, lo que genera una mayor responsabilidad y una mejor calidad del gobierno".
Dos conclusiones me parecen claras:
También se acepta de forma generalizada que la educación produce beneficios no solo a las personas que la reciben sino a la sociedad en su conjunto. El capital humano, su nivel de formación, es uno de los elementos claves para el desarrollo económico de un país. ¿Lo es también para favorecer la democracia y mejorar los gobiernos? Aquí aparecen muchas dudas. Eslovaquia y Catar, por ejemplo, tienen un nivel similar de resultados educativos y dos regímenes políticos muy diferentes. Un interesante estudio aborda esta cuestión.
Se ha publicado en el "Journal of Law and Economics" un informe, "Educación, denuncias y exigencia de responsabilidades", que sugiere un mecanismo que relaciona la educación con la mejora de la gobernanza: el poder de las denuncias. Los autores Juan Botero y Alejandro Ponce de "World Justice Project" y Andrei Shleifer de la Universidad de Harvard concluyen que "los ciudadanos educados denuncian más" y las denuncias consiguen resultados.
En resumen, esta es la teoría:
Una de las razones por las que los gobiernos mejoran es que los ciudadanos denuncian a los funcionarios que les tratan mal: a los policías que los golpean, a los funcionarios que exigen comisiones, a los profesores que no hacen su trabajo... Un funcionario que quiera saltarse las reglas se arriesga a ser expedientado. Cuanto más aumentan las denuncias de los ciudadanos, más crece el riesgo de una investigación o de un expediente disciplinario. En la medida en que los niveles de educación aumentan y, en paralelo, las denuncias sobre los funcionarios corruptos, crece el coste a pagar por las conductas inapropiadas, lo que produce una mejora de éstas, disminuyendo las corruptelas, evitando los abusos y mejorando el trabajo.
Según los autores del informe, "las denuncias mejoran las conductas de los oficiales públicos temerosos de ser castigados, lo que genera una mayor responsabilidad y una mejor calidad del gobierno".
Dos conclusiones me parecen claras:
- La primera, resaltar el valor de la denuncia como parte del ejercicio de la democracia. Y como dicen los autores del informe, las denuncias consiguen resultados. Aunque a veces en este país no lo parezca por las trabas burocráticas que se ponen, son las denuncias --de los ciudadanos, de los medios de comunicación...-- las que están sacando a la luz la corrupción que nos invade.
- La segunda parece obvia: el Partido Popular debe conocer desde hace tiempo este informe y eso explica sus recortes en educación y el nulo interés que tiene en que la ciudadanía mejore su nivel educativo.
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